12 mil 172 funcionarios y voluntarios divididos en 23 tramos, fueron quienes integraron el polémico “cinturón de paz” durante la marcha de este miércoles en conmemoración del 51 aniversario de la represión estudiantil del 68. Esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, tenía el objetivo de evitar actos vandálicos y que grupos ajenos al contingente agredieran a personas o dañaran edificios y monumentos históricos. A los integrantes del cinturón de paz se les identificó con playeras blancas que al frente contenían la leyenda “02 de octubre no se olvida” y al reverso el distintivo “Cinturón de Paz”.
El gobierno capitalino gastó 960 mil pesos en la compra e impresión de 20 mil playeras destinadas para los voluntarios de esta iniciativa y para uso exclusivo de esta marcha. Pero no es solo este gasto lo que ha despertado la inconformidad social, sino que el debate se ha abierto en distintos frentes:
Por un lado, existe el reclamo a Claudia Sheinbaum por haber destinado recursos públicos y por haber utilizado a funcionarios en horas laborales para participar como voluntarios en esta marcha. Además, se ha señalado que servidores públicos que realizan labores administrativas o técnicas en Secretarías como las de Cultura o Medio Ambiente, o incluso, las personas que acudieron por parte de las Comisiones Nacional y local de Derechos Humanos, no tendrían la capacidad ni conocimientos en cuanto a protocolos de seguridad, como para conducirse ante un escenario donde la violencia y los actos vandálicos imperaran.
Y en efecto, esto sucedió, el cinturón de paz se rompió en algunos puntos, obligando a varios de sus integrantes a replegarse y huir hacia calles aledañas, ante los destrozos y violencia suscitados, que dejaron expuestos a los civiles que conformaban esta cadena humana. Hubo agresiones a periodistas, pintas en zonas como las del edificio del Banco de México y la Plaza Garibaldi, destrozos a comercios, bombas molotov y petardos. Hubo 14 personas lesionadas y daños materiales en inmuebles del centro de la Ciudad de México.
Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta iniciativa de Sheinbaum pese a la controversia mediática y social. Tanto el gobierno capitalino, como el federal, trataron de imponer una narrativa mediática del éxito que representó la implementación de este cinturón de paz, en términos de que no se tuvieron tantos actos violentos como en ocasiones anteriores. Sin embargo, ¿a qué costo?
La imagen y credibilidad de Claudia Sheinbaum ha sido duramente golpeada por acontecimientos recientes como asesinatos a estudiantes y la percepción generalizada de inseguridad. El cinturón de paz fue una medida reactiva e improvisada, donde sí se expuso la integridad de servidores públicos, aunque el gobierno insista en lo contrario.
Quizá, si este tipo de medidas se previeran y planificaran con tiempo, haciendo uso de protocolos y capacitación especial a los cuerpos policiacos y con una debida intervención de organismos de Derechos Humanos, no habría que recurrir a estas medidas extremas. Nadie más que Claudia debería saber a estas alturas, que las crisis se presentan en dos frentes: al exterior y al interior de las organizaciones. Falta medir el grado de rechazo y resistencia que tuvo esta medida al interior del gobierno, con los funcionarios que fueron condicionados o forzados a asistir como “voluntarios” a esta marcha y cuya lealtad y compromiso son indispensables al interior del Gobierno.
Gladys Pérez Martínez, politóloga
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