El 18 de octubre de 2018 se gestó en Chile un descontento social de tal escala, que ha cimbrado al sistema político, económico, social e institucional de este país. Luego de casi dos semanas de estallido social, que ha traído consigo una declaratoria de estado de emergencia, la implementación de un toque de queda y el lamentable número de 20 muertos y más de 9 mil detenidos, las protestas continúan.
Chile, el país que en las últimas 3 décadas se ha considerado un referente de desarrollo en la región latinoamericana, hoy se encuentra volcado por un reclamo social generalizado que exige un gobierno competente y sensible ante las necesidades apremiantes de los sectores más vulnerables. Los ciudadanos demandan que se elaboren leyes y políticas públicas que atiendan las problemáticas del grueso de la población, dejando de lado los privilegios y la toma de decisiones elitistas que velan sólo por los intereses de unos cuantos.
Desde su retorno a la democracia en 1990, este país no había afrontado una crisis política y social de estas magnitudes. El detonante de esta catástrofe fue el alza de la tarifa del metro de Santiago, la cual quedó sin efecto. Sin embargo, al día de hoy se ha evidenciado que el hartazgo social tiene bases más profundas, como la gran desigualdad económica generada por un modelo económico agotado, que ha excluido del desarrollo regional del país al grueso de los ciudadanos.
La agenda de reformas sociales y el cambio en el gabinete ofrecido por el Presidente chileno Sebastián Piñera, han sido insuficientes para contener los saqueos y manifestaciones en distintas ciudades del país. Esta situación representa un fuerte golpe al Estado ante los ojos de la comunidad internacional. Piñera no ha logrado reestablecer la paz social ni satisfacer las demandas sociales, pero peor aún, ha despertado una preocupación en torno a la violación de Derechos Humanos por abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Resulta que Chile no era ese modelo consolidado de desarrollo de América Latina, entre sus grietas, desde hace varios años se venía gestando una altísima desigualdad económica y social que terminó por colapsar a un país entero. Hoy los ciudadanos han dado cabida a un debate profundo que exige la transformación de las bases estructurales de la economía, de la política y de las instituciones chilenas.
Los indicadores macroeconómicos en ascenso de Chile, dilucidaban un modelo exitoso de desarrollo del país. Sin embargo, estas cifras ocultaban lo que ocurría tras bambalinas, donde las élites económicas se beneficiaban directamente de este modelo, que se construyó a costa del abandono a los más vulnerables.
Por ahora, la crisis chilena debería servir como un llamado de atención al resto de países latinoamericanos, que carecen de cifras macroeconómicas igual de destacables, pero que tal como Chile, están dejando gestar un descontento social producido por diversas medidas injustas que agudizan la desigualdad.
Gladys Pérez, politóloga
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